CONSUMO30/04/2021
El centenar de Oficinas Regionales de Consumo de la Comunidad de Madrid lleva ya un año sin dar servicio a los consumidores
Ofrecían asesoramiento a unos 500.000 habitantes de los municipios menos poblados de la región
La pandemia ha obligado a eliminar la atención presencial en estas Oficinas Regionales (ORIC) de consumo, sin que se hayan puesto en marcha soluciones alternativas para una atención telefónica y digital. ADICAE reivindica que los servicios de consumo sean accesibles a toda la ciudadanía, independientemente de dónde vivan.
ADICAE defiende la colaboración estrecha y leal entre instituciones públicas y entidades legitimadas para defender a los consumidores, y pide al siguiente Gobierno autonómico madrileño que reactive estos puntos de atención al consumidor en zonas rurales y menos pobladas.
La asociación exige a los partidos políticos que empiezan campaña electoral autonómica que tomen medidas ante el atasco de los juzgados de cláusulas abusivas en Madrid, ante el parón de las políticas en defensa de los derechos de los consumidores y ante la creciente vulnerabilidad de muchos de ellos.
En la Comunidad de Madrid existen cerca de un centenar de ORICS, gestionadas por las asociaciones de consumidores mediante convenios con la Comunidad de Madrid, para dar servicio a municipios de menos de 20.000 habitantes. Desde que se inició la pandemia permanecen sin servicio, los convenios suspendidos, y los consumidores de los pueblos de toda la comunidad sin servicio de información al consumidor. Ni siquiera se ha mantenido, como en los ayuntamientos más poblados, el servicio de manera telemática o telefónica.
Algo que afecta negativamente la accesibilidad de estos consumidores a un servicio que es la primera ventanilla de atención ante abusos y problemas entre los usuarios de los servicios básicos y las empresas que los prestan. Todo ello se traslada a la actividad de las Juntas Arbitrales de Consumo, también paralizadas por la pandemia, y que se ven también influidas por el desconocimiento por parte de los consumidores de este mecanismo de resolución extrajudicial de conflictos. Energía, nuevas tecnologías y banca son los sectores que más reclamaciones originan.
ADICAE defiende que estas Juntas Arbitrales deben constituir un eje fundamental para la defensa y el reconocimiento de los derechos del consumidor. Sin embargo, de las cinco juntas arbitrales de consumo de la Comunidad solo está abierta una, la Junta Arbitral de Consumo Central, algo completamente insuficiente para las demandas de la población. Al final, tampoco se lleva a cabo una labor inspectora suficiente. Los últimos datos, de 2017, hablan de 20 campañas de inspección con 1500 actuaciones. Estas actuaciones son claramente insuficientes para los 6,7 millones de consumidores que vivimos en la Comunidad de Madrid.
Este pasado jueves, bajo el título “Hacia una nueva ‘agenda del consumidor’ de la Comunidad de Madrid”, ADICAE abordaba con los representantes del PSOE, PP y Más Madrid los aspectos relacionados con el Consumo y los Consumidores en la Comunidad de Madrid, y el papel que al respecto juegan las políticas de consumo, poco atendidas desde las instituciones políticas de la región. En este contexto de pandemia y creciente digitalización las políticas de consumo pueden y deben dar solución viable y sostenible a los problemas actuales de la ciudadanía.
El debate político debería incluir de manera prioritaria la defensa del consumidor como elemento nuclear de propuestas y acciones. ADICAE considera imprescindible que el gobierno entrante en la Comunidad de Madrid aborde de inmediato un profundo impulso de las herramientas de solución extrajudicial de conflictos ante el colapso judicial y la insuficiencia de los servicios arbitrales. Para ello, es imprescindible una colaboración estrecha y leal entre instituciones públicas y entidades legitimadas para defender a los consumidores.
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